Asuntos Públicos – Ciudades judiciales en busca de socios

Eduardo Coronel Chiu

Ciudades judiciales en busca de socios

El negocio que ya echó a andar el magistrado Edel Álvarez Peña en el Poder Judicial en evidente combinación con el gobernador Miguel Ángel Yunes es la construcción y equipamiento de las ciudades judiciales mediante el esquema de asociaciones público-privadas, una forma de endeudamiento amarrada a pagos mensuales de largo plazo.
El pasado viernes se publicó la convocatoria para suscribir los contratos “marco” para construir y equipar 19 ciudades judiciales, así como para la prestación de servicios de mantenimiento. Mañana 7 de marzo comienza la venta de las bases de la licitación que no se duda ya tiene destinatarios preseleccionados; no se tardarán mucho en la adjudicación, recibirán las propuestas el 11 de abril y una semana después harán las declaratoria de ganadores. Los contratos se celebrarán con fecha límite el 18 de mayo próximo. Supuestamente los socios tendrán un año para construir y equipar las “ciudades judiciales” y se pagarán mensualidades hasta por 25 años, obligaciones que estarán garantizadas por las participaciones federales que recibe el Gobierno del Estado. No habrá que esperar mucho para saber con quiénes arreglaron el negocio; por sus contratos los conoceréis.
Por cierto que la autorización del Congreso al Poder Judicial para celebrar los contratos de asociación público-privada se modificó de manera obscura, no queda claro cómo fue que se pasó de 17 ciudades judiciales –conforme a la aprobación del 28 de septiembre pasado– a 21 ciudades, elevando el monto total de las obligaciones que podía contraer el Poder Judicial de 3 mil 965 a 5 mil 100 millones de pesos; así como los pagos mensuales se elevaron de 13.2 millones (más IVA) hasta 17 millones de pesos (más IVA). No se sabe si el asunto se sometió a la votación del pleno como exige la ley, puesto que no se trata de una fe de erratas, sino de un cambio sustancial en el decreto anterior –mismo que se recuerda no fue avalado por los grupos legislativos del PRI y Morena. ¿Participaron los diputados de estos grupos legislativos en la validación del decreto modificado?
Congreso sin consensos
Reventados de nuevo los acuerdos entre los grupos legislativos sobre los nombramientos del sistema anticorrupción –fiscal anticorrupción y contralores internos de órganos autónomos–, no se sabe qué caso tiene celebrar la reunión extraordinaria del Congreso del Estado convocada para hoy.
Se han quedado sin materia, ya que precisamente someter a la aprobación del pleno los dictámenes de dichos nombramientos fue el tema central de la orden del día con que la presidenta de la Mesa Directiva justificó la convocatoria al periodo extraordinario.
Ayer, Sergio El Bailador Hernández, el coordinador del PAN, quien preside la Junta de Coordinación Política, intentó hacer pasar por error de la Mesa Directiva la ruptura que existe entre los grupos legislativos; la incapacidad de negociar los votos requeridos de mayoría calificada, es decir, no alcanzan las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para aprobar el paquete de nombramientos empantanados desde finales del año pasado.
Inmersos ya los diputados en el proceso electoral, al parecer sobre todo los del PRI, propensos a la cooperación subordinada en el primer año de la legislatura, ahora no están tan dispuestos a conceder las posiciones demandadas por el bloque PAN-PRD, las correas de transmisión de las decisiones del gobernador en el Congreso.
Al parecer la sesión será de entrada por salida. La Junta de Coordinación Política pedirá se retiren de la orden del día el tema de los nombramientos y se irán de nuevo a su receso.
Aplazar nombramientos de magistrados del Poder Judicial
Este reconocimiento de la falta de consensos para lograr la mayoría calificada anticipa igualmente que no habrá en el corto plazo tampoco nombramientos de magistrados del Poder Judicial, que deben ser aprobados también por mayoría calificada. El asalto al Poder Judicial, las 14 vacantes de magistrados que ya tiene Edel Álvarez Peña en bandeja para que proponga el gobernador Yunes a los de su camarilla, tendrán que esperar para un mejor momento político. Por la relevancia de la colonización masiva del Poder Judicial y la duración de los encargos –10 años de entrada y 5 más en prórroga–, mucho más allá del mandato del actual gobernador que se retira el 30 de noviembre próximo, justificaría que las propuestas de nuevos magistrados se las dejaran al siguiente gobernador.