Asuntos Públicos – Obligaciones institucionales

Eduardo Coronel Chiu

Obligaciones institucionales

La controversia constitucional resuelta el pasado jueves por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor del ayuntamiento de Jalcomulco contra el Gobierno del Estado por la retención indebida de fondos federales durante varios meses de 2016, tiene el valor no sólo de determinar que el actual gobierno debe pagar los montos adeudados, incluidos los intereses, sino que se trata de obligaciones del estado como institución y no de incumplimientos personales de quien entonces ocupó el cargo de gobernador del estado.
La sentencia de la Corte echa abajo el argumento del gobernador Miguel Ángel Yunes de que las deudas que generó su antecesor Javier Duarte al desviar recursos de los fines para los que estaban dispuestos no está obligado a pagarlas.
Además, la Corte estableció el camino para que las salas resuelvan, conforme los criterios instruidos, el resto de las demandas de controversia constitucional presentadas por ayuntamientos. Al momento de la sentencia, estaban en turno al menos otras seis similares, más las que se acumulen, sobre todo de la gestoría de ayuntamientos agrupados por el PRI; aunque había otro paquete de ayuntamientos panistas que ejercieron acciones por la misma causa a finales de 2016 –se recuerda que hasta tomaron el Palacio de Gobierno–, ahora no se sabe si le van a cobrar a su jefe político Yunes Linares.
Para liquidar el adeudo de Jalcomulco la Corte fijó un plazo no mayor de 90 días, a partir de que se le notifique al Gobierno del Estado, pero hasta ayer no se daban por enterados legalmente.
A fines de 2016 se estimaban los adeudos del Gobierno del Estado con los ayuntamientos por retenciones de fondos federales del orden de 3 mil millones de pesos. Si Yunes ya las había borrado de sus cuentas de pasivos, tendrá que volver a ponerlas.
Igual tema con las observaciones de la ASF
Ya no es noticia que el estado de Veracruz encabece la lista de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuanto a montos desviados. Los reportes parciales, hace unos días hizo la tercera entrega todavía de 2016, el último año de Duarte, y las cifras no bajan.
Para ese año, el monto observado fue de 19 mil 728.1 millones de pesos. El informe de la cuenta pública rendido por la ASF contiene una tabla resumen de las observaciones con impacto económico pendientes de solventar de 2012 a 2016 –el sujeto de la observación es, como se advierte, el Gobierno del Estado de Veracruz, no los ex gobernadores, como le gusta desviar la atención al gobernador actual. A enero de 2018, derivado de pliegos de observaciones, hay un monto pendiente de 36 mil 266.5 millones de pesos. De este monto, apenas 6 mil 560 millones de pesos se tratan de cobrar de manera personal a los presuntos responsables; aparte hay denuncias de hechos por fiscalización de 21 mil 428.3 millones y por simulación de reintegros por 4 mil 770.2 millones de pesos.
Una parte de este importe, no se duda, se usó en beneficio personal de los ex servidores públicos, pero otra se empleó para cubrir gastos de operación observados como desvíos por no apegarse al destino etiquetado de los recursos. Estos reclamos, la ASF tiene la posibilidad de descontarlo de las partidas actuales, vía la Secretaría de Hacienda o hacerse de la vista gorda y que siga corriendo la revolvencia.
Falso saneamiento de las finanzas públicas
El problema de la devolución o reintegro de fondos no es personal más que en mínima parte, así que al igual que con los adeudos a los ayuntamientos, subsiste la obligación institucional del actual gobierno o del siguiente, en su caso, de resolver los requerimientos de comprobación o reintegro exigidos por la ley y por la Auditoría Superior de la Federación. No con negarlo el gobernador Yunes va a desaparecer la obligación de cumplir con la ley.
La apariencia de reducción de pasivos del Gobierno del Estado se ha basado en gran medida en suprimir arbitrariamente a los acreedores privados que no son de su agrado o conveniencia, atenidos a que los juicios civiles o mercantiles toman más tiempo y pueden alargarlos con argucias legales.
Pero las obligaciones con entes públicos son menos manejables. La controversia constitucional con los ayuntamientos demostró que no es salida válida para eludir el pago echar la culpa al antecesor. Lo que queda claro es que presumir de finanzas saneadas soslayando adeudos, no elimina las obligaciones institucionales.