Asuntos Públicos – Portilla: fiscalizador en entredicho

Eduardo Coronel Chiu

Portilla: fiscalizador en entredicho

Encubridor o tapadera cuando gobiernan y descubridor magnificado de irregularidades cuando van de salida, llega a su evaluación Lorenzo Antonio Portilla en el curso de su sexto año como titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis).
Desde hace unos días, el Auditor Portilla se ha colocado como tema de opinión pública cuestionándose su actuación parcial, veleta a conveniencia personal según flujos del poder, un papel que desacredita la institución de rendición de cuentas. A esa forma de corrupción le están agregando el soborno.
Aunque no se pueda identificar por el momento el origen y los objetivos de la información que lo exhibe por presuntamente haber recibido del gobierno de Javier Duarte 20 millones de pesos por hacerse de la vista gorda de los desvíos de recursos –según ciertos recibos que circulan, que él ha denunciado de apócrifos– lo cierto es que si se examinan sus resultados es concluyente que Portilla fue omiso en 4 ciclos de auditoría a las cuentas públicas de Duarte.
Un poco antes de que se destapara el mencionado tema de la entrega del dinero se reabrió en medios el involucramiento de Portilla como partícipe en actas que reconocían la simulación de reintegros del gasto federal, cuando laboró en la Contraloría del Estado, subordinada a Javier Duarte, observaciones que no reflejó una vez que asumió el cargo de titular del Orfis. Y era obvio que no lo hiciera, Portilla le debía el cargo al ex gobernador Duarte y al entonces contralor Iván López, quien impedido legalmente para el Orfis, impulsó a Portilla como el empleado de Duarte en el órgano fiscalizador. Al cambio de poder, en 2016, Portilla, arreglado con el nuevo grupo de Miguel Ángel Yunes a cambio de su permanencia, como testigo protegido entregó a sus cómplices.
Instrumento al servicio del poder
Estos dos temas, el presunto soborno y la complicidad con el grupo de Duarte expusieron a Portilla a la mirada pública. Pero al margen de si los recibos son auténticos o apócrifos y haya o no solventado Portilla su participación en el compromiso del reintegro de recursos federales por simulación de reintegros, quedan como datos duros los informes de resultados de auditoría; en los años de poder de Duarte, Portilla no vio los enormes desvíos, mismos que “descubrió” una vez que aquel grupo perdió el poder y Portilla se alineó con sus nuevos patrones: el gobernador Miguel Ángel Yunes y el diputado del PAN, Juan Manuel de Unanue, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso.
Los datos delatan a Portilla
El análisis de los informes de fiscalización a las cuentas pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables por un periodo de 6 años, responsabilidad del auditor Portilla, demuestran su actuación poco profesional, convenenciera y subordinada a directrices de poder, ajenas a la rendición de cuentas.
Basta seguir la temporalidad y el monto de las observaciones por daño patrimonial y las denuncias penales por hechos presuntamente delictivos, en paralelo con las detecciones de la Auditoría Superior de la Federación.
En su primer informe correspondiente a 2011, Portilla no encontró daño alguno de los entes del Gobierno del Estado; ese año no presentó ninguna denuncia penal. En cambio la ASF señaló daño patrimonial del orden de 6 mil 500 millones de pesos.
Al segundo informe por las cuentas de 2012, en medio de un conflicto del Gobierno del Estado con los entonces concesionarios del Túnel Sumergido, reporta un daño patrimonial para el fideicomiso por 251.6 millones de pesos, por el cual además presenta denuncia penal; ese año la ASF observó a Veracruz por 7 mil 740 millones.
Al tercer año, la cuenta de 2013, Portilla repite solo con el Túnel Sumergido por 251 millones de pesos –persistía el conflicto– igual presenta denuncia; la ASF observó daños por 9 mil 245 millones. La cuarta cuenta de Portilla, de 2014, es la cumbre de su entreguismo a Duarte, sólo observa daños por 31 millones de pesos en dos dependencias –SIOP y CAEV–, y tiene 0 en denuncias, cuando la ASF elevó sus montos de daño de Veracruz a 14 mil millones.
El viraje de Portilla llegó en 2016, pero solo hasta que se vio la ruina política de Duarte y el triunfo de la coalición PAN-PRD. Presionado además por el tema de las revelaciones del SAT de las empresas fantasmas ocupadas por el gobierno de Duarte –de las que nunca antes se percató– y la embestida del auditor de la ASF desde principio de ese año. Tampoco se había enterado Portilla de la falsificación de las cuentas gubernamentales ni del exorbitante endeudamiento del estado y la falta de comprobación de cómo aplicaban los montos de los créditos recibidos.
Al rendir el informe de la cuenta de 2015, Portilla descubrió desvíos por 14 mil millones de pesos y presentó denuncias por cerca de 22 mil millones de pesos, cifras incoherentes con la tendencia previa. Ese año hasta quedó chiquita la ASF, con casi 8 mil millones de daño patrimonial. En la última cuenta presentada la del último año de Duarte, de 2016, cuyo informe se aprobó en enero de este año, Portilla siguió la misma instrucción de sus nuevos jefes, vuelve a encontrar desvíos por más de 11 mil millones de pesos y presenta denuncias por 5 mil 500 millones, pese a que aun no concluyen los procesos administrativos. La ASF determinó un daño patrimonial por 2016 de casi 20 mil millones de pesos.
¿Lo dejarán?
Usado por el gobierno de Yunes para demoler la administración de Duarte, Portilla cruzó el cambio de gobierno permutando su docilidad y servicios de delación y entrega de sus antiguos cómplices por su permanencia. Pero ese tema ya acabó. Ahora es el turno de la fiscalización de la cuenta pública de 2017, la primera del gobierno de Yunes. Con sus antecedentes de desleal ya se verá si le abren las entrañas de cómo mueven realmente el dinero público o si el clima de descalificación a Portilla no viene alentado desde adentro. La defensa de Unanue a Portilla se explica más como un compromiso personal por la cuota económica –jugosa dicen– que recibe, que de una ratificación de nivel superior. Otro diputado del PAN, también de la Comisión de Vigilancia, Ricardo García Escalante, planteó que Portilla pida licencia en tanto se desarrolla la investigación del supuesto soborno.
El informe de la cuenta de 2017 el Orfis debe entregarlo en el mes de octubre, cuando ya se sabrá el resultado de la elección de gobernador, si gana el grupo de Yunes no tendrá duda en que Portilla seguirá a sus pies, pero si pierde y lo deja quedarse, se podría comportar como lo hizo a la salida de Duarte. Son los riesgos. Portilla cumpliría su periodo de nombramiento en septiembre del año próximo. Si lo dejan…