Asuntos Públicos – AMLO: emplazado a seis meses

Eduardo Coronel Chiu

Visiblemente mortificado por los hechos de inseguridad pública que no se reducen en el país –evidentemente tampoco en nuestro estado– y muy sensible a las críticas de adversarios y analistas a los resultados de sus primeros cinco meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer desde su conferencia de prensa mañanera en el Puerto de Veracruz su propio desafío: reducir la delincuencia en seis meses.
El objetivo al que por primera vez AMLO le fija un plazo determinado, si bien es deseable y compartido, enfrentará grandes dificultades de realización, por los tiempos del proceso para implementar las medidas de su estrategia de seguridad pública, que en su fórmula constan de tres elementos. Uno de fuerza de combate a la delincuencia, a través de la recién creada Guardia Nacional, apenas en formación, a partir del Ejército, la Marina y la Policía Federal y el reclutamiento adicional para desplegar en el país en una primera etapa 120 mil elementos en tareas de seguridad pública. Otro de incidencia en las condiciones socioeconómicas de la población mediante programas sociales extensivos, los cuantiosos subsidios en dinero a los “pobres”, principalmente a jóvenes para inhibir el reclutamiento y la propensión a delinquir; y el tercero, con la política de no corrupción de las actuales autoridades, con lo que supone romperá el círculo vicioso de complicidades con los delincuentes.
Aunque se ve con escepticismo el plazo para debilitar a las organizaciones delictivas, violentas y fuertemente armadas que operan en el país, y por supuesto en Veracruz, diversificadas en narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, extorsiones, robos y lavado de dinero, entre otras, crecidas y empoderadas ante la debilidad de las instituciones del estado, los contubernios y la impunidad, nada celebraríamos más que AMLO cumpliera con el ofrecimiento que ayer hizo, pleno de convicción y voluntarismo.
Como representante de los intereses fundamentales de la Nación se le desea éxito en la titánica misión de recuperar la seguridad pública perdida; con todo, seguirán en la opinión pública y espacios institucionales las evaluaciones periódicas de resultados o avances, y a fines de octubre, el contraste con la realidad.
Respaldo a Veracruz
La masacre de 14 personas, incluido un menor de año y medio, el pasado Viernes Santo en Minatitlán a manos de un comando armado en una fiesta privada, en el contexto de elevación de los índices delictivos en la entidad, colocó a Veracruz como prioridad presidencial. Según informó ayer AMLO, reforzará la presencia de fuerzas armadas en el sur del estado, anunció su regreso este viernes a Minatitlán y al día siguiente estará en Coatzacoalcos, anticipando que en esta gira detallará el nuevo operativo para reducir la delincuencia.
Por otro lado, rechazó que se vaya a nombrar en el estado un comisionado federal para seguridad, tema que aprovechó para repetir su apoyo al gobernador Cuitláhuac García, a quien hasta le levantó la mano cual campeón, y bromeó con su chiste gastado de que con él no tiene que preocuparse por su cartera, a diferencia de los anteriores gobernantes corruptos.
También prometió AMLO que no faltarán recursos federales para el presupuesto del estado de Veracruz, dato que igualmente habrá que corroborar.
El apoyo federal para reactivar la economía del estado se avanzó desde ayer. El gobernador se reunió con el director de Pemex, Octavio Romero, y anunciaron una inversión de 37 mil millones de pesos.
Desconfía del Fiscal Winckler
El conflicto del gobierno de Cuitláhuac García con el Fiscal Jorge Winckler, heredado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, lo hizo suyo el presidente AMLO. Aunque se remitió a lo que determinen las autoridades competentes sobre si debe renunciar Winckler al cargo o si está involucrado con la delincuencia, dejo clara su opinión de que es un error que el pasado gobernador (Yunes) dejara a su fiscal, así como que actúa en la protección del “viejo régimen”. Se advierte que ahora los deditos de AMLO se movieron hacia abajo indicando la decisión de caída del Fiscal.
No ha pasado desapercibido que en el caso de la masacre de Minatitlán, el conflicto entre el Gobierno del Estado y el fiscal Winckler se reflejó en una falta de coordinación para las investigaciones, hecho que podría provocar no solo demoras en el esclarecimiento, sino problemas al proceso penal, en el supuesto de una probable detención de alguno de los presuntos criminales. Hasta donde se sabe, la investigación compete a la Fiscalía del Estado –incluso el gobernador declaró que la fiscalía federal no ha atraído el caso–, y por lo tanto, por mucho que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ande personalmente rastreando a los asesinos, no es ya de su competencia aprehenderlos, puesto que ya no hay flagrancia. Un tecnicismo que les daría la libertad en el juicio. Ojo con el tema legal.