Asuntos Públicos – Denuncian a Yunes ante fiscal federal

Eduardo Coronel Chiu

Finalmente el gobierno de Cuitláhuac García dejó atrás las reiteradas declaraciones mediáticas de la presunta corrupción del ex gobernador Miguel Ángel Yunes en la contratación e instalación del sistema de vigilancia y pasó a la acción. Ayer, sus secretarios de Seguridad Pública y de gobierno, Hugo Gutiérrez y Eric Cisneros, respectivamente, presentaron la denuncia penal en contra del ex gobernador y sus colaboradores del área de seguridad pública, el ex secretario Jaime Téllez Marié, sus dos jefes de unidad administrativa, Juan Carlos Saldaña Morán y Guillermo Moreno Sentíes, éste último orgullo del nepotismo del ex titular de la Sefiplan, Guillermo Moreno Chazarini, así como dos de los pagadores de esta ultima dependencia.
Destaca el hecho de que eligieron el ámbito federal de competencia para presentar la denuncia penal en contra de los ex servidores públicos, al parecer por los delitos de fraude, peculado y los que resulten, por el contrato por más de mil millones de pesos que asignaron en favor de la empresa Comtelsat, cuyo dueño, Manuel Arroyo, es propietario también del periódico El Financiero; los acusan de pagar en demasía, con sobre precio, y de suministrar e instalar las videocámaras en cantidades ínfimas y de menor calidad a la pactada. Aseguran que de las 6 mil 134 video cámaras contratadas solo se instalaron 1,695 videocámaras, el 28% del total, y eso con grandes deficiencias, según los reportes de campo que anexan a la denuncia.
En busca de apoyo Moreno
No es casual sino deliberado que el gobierno de Cuitláhuac busque el ejercicio de la acción penal contra Yunes y los suyos ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se esperaría que reciban el apoyo institucional y la solidaridad de su partido Morena; en contraste con la resistencia y bloqueo que se presume tendrían en la Fiscalía General del Estado –y la especializada en actos anticorrupción–, dado que aquí estarían a cargo de la investigación Jorge Winckler y Marcos Even, ambos nombrados y comprometidos políticamente con el ex gobernador Yunes.
Sin embargo, el tema de la competencia para conocer de un delito no es de simpatía partidista, sino de legalidad, así que tendrán que encuadrar la denuncia en los supuestos de ley para que la Fiscalía Federal asuma la investigación y le dé curso; al parecer el gobierno de Yunes habría aplicado para la adquisición e instalación del sistema de video vigilancia 300 millones de pesos de origen federal, de los fondos para seguridad pública, lo que de ser cierto permitiría la intervención de la fiscalía federal y, en su caso, excluir a la Fiscalía del Estado
Con todo habrá que irse con reservas en los alcances de la denuncia y su investigación. Por un lado, aunque para cualquiera es evidente que hubo corrupción en el contrato, el peculado y el fraude tendrá que probarse en el juicio penal. Por el otro, tampoco hay que perder de vista que hay un vínculo entre el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y Miguel Ángel Yunes, ambos colaboraron cercanamente en el área de seguridad pública durante la presidencia de Vicente Fox.
La ambición y el fracaso
Ideado como el golpe de mayor cuantía para extraer provecho personal en una operación gubernamental, el sistema de video vigilancia promovido por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes siempre estuvo bajo sospecha de corrupción y en duda su viabilidad y eficacia.
Solo desde su situación momentánea de poder cabía desplegar para un periodo menor a 14 meses que le restaban (cuando lo anuncio a fines de octubre de 2017), un proyecto para adquirir e instalar 6 mil 476 cámaras de video vigilancia en 6 regiones del estado; además de estaciones de monitoreo, análisis de datos y cruces de información con plataformas nacionales de seguridad. Inicialmente se dijo costaría 700 millones de pesos, luego se aumentó a mil, ahora se sabe que la cifra del cuestionado gasto se elevó a 1,100 millones de pesos.
La primera irregularidad fue la forma de contratación, sin fundamento legal adjudicaron de manera directa el jugoso contrato eludiendo la licitación pública.
Pero el problema de Yunes es que se quedó atrapado en situaciones que se le salieron de control. Nada importarían las inevitables irregularidades del contrato de no ser por la vuelta del destino, la doble derrota política, pero sobre todo la local de la gubernatura. Con la pérdida del poder, se pierde la impunidad.
Ya veremos los siguientes capítulos.