Asuntos Públicos – Revés al ocultamiento de la adquisición de patrullas

Eduardo Coronel Chiu

Para los que creían que estaba cerrado el expediente de las 160 patrullas para Seguridad Pública, adquiridas en mayo pasado por el Gobierno del Estado a un precio de 208 millones de pesos, reservado por cinco años como top secret de la 4T, es una noticia de transparencia y derecho ciudadano a saber, enterarse que los funcionarios de seguridad pública ya tienen una orden de entregar la información administrativa de esa cuestionada operación a los solicitantes.
Sorpresivamente, el Instituto Veracruzano de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado (IVAI) resolvió en favor de 8 ciudadanos que interpusieron (por separado) recursos de revisión contra la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública a proporcionar la información solicitada, bajo el pretexto de declararla reservada por razones de seguridad pública.
En el expediente de Revisión IVAI -REV /2581/2019/II y sus acumulados, resuelto por unanimidad del pleno de comisionados el 5 de julio pasado, ayer notificado, se determinó la improcedencia y revocación de las actas del Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública que reservaron la información como base de la negativa; reconoce como fundados los agravios al derecho a la información de los ciudadanos recurrentes y ordena, bajo lineamientos concretos a la dependencia, entregar la información solicitada.
Revocan acuerdo de reserva
No funcionó esta vez la trillada fórmula para ocultar las operaciones administrativas en el parapeto de que informar pone en riesgo la seguridad pública y se causaría un daño social. En el análisis realizado por el IVAI de la impugnación, desecha por improcedente la reserva genérica como gran saco para esconder todo: la dependencia debió haber especificado de manera clara a cuál de las causales que contempla la ley general se adecúa su supuesto de reserva. Además que tampoco acreditan la causal del daño, omiten probarlo y no existe evidencia de que proporcionar la información administrativa obstruye la prevención o persecución de delitos, acciones de las que se deduce “se vulnera el derecho de acceso del peticionario a la información”.
Aunque el resolutivo de revocación de las actas de reserva de información les posibilita a una nueva emisión de dicho acuerdo, siempre y cuando acrediten la prueba de daño y riesgo real, desde ahora ordena cuál es la información que sí están obligados a entregar. En todo caso, la reserva quedaría restringida a las características o equipamientos con que cuentan las patrullas, así como el número de motor, número de serie y clave vehicular, y en caso de elaborar una versión pública, deberán limitarse a eliminar las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales.
Abrir el expediente
Al confrontar la información pretendidamente reservada con las obligaciones de transparencia de la ley, la resolución del IVAI establece que en ningún modo puede negarse la información administrativa básica, que nada tiene que ver con la seguridad pública. Lo procedente es –dice la resolución– ordenarle a la Secretaría de Seguridad Pública entregue a la parte recurrente la información peticionada: proporcionar en formato electrónico el contrato o los contratos a través de los cuales se formalizaron las adjudicaciones directas para las contrataciones de las 160 patrullas adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar en formato electrónico la autorización presupuestal, así como los documentos generados por la unidad administrativa y el subcomité…, proporcionar en formato digital la especificación de procedimiento legal aplicado y su fundamento, vinculada a la obligación de transparencia aplicable para llevar a cabo la adjudicación directa; entregar en modalidad electrónica las facturas que se hubieren pagado con motivo de la contratación; y pronunciarse respecto de si se llevó a cabo un estudio de mercado, o si en su caso el mencionado estudio fue exceptuado de manera fundada y motivada.
El plazo para entregar la información es de cinco días a partir de que la resolución cause estado. Si bien queda a los oscuros de Seguridad Pública el recurso de inconformidad ante el instituto nacional de Transparencia y Acceso a la información (INAI), si ya les dieron palo en el IVAI, que es el órgano garante local –esta vez Yoli García, Rubén Mendoza (por cierto el comisionado ponente) y Arturo Mariscal, estuvieron de parte de los ciudadanos y la ley–, en el nacional se vaticina les confirmarán el revés. Lo intentarían de querer alargar o chicanear la apertura, pero el argumento jurídico de que deben abrir la información está muy claro. Eleazar, Hugo y Ulises tendrán que terminar de abrir esa caja negra y rendir cuentas del sospechoso sobreprecio pagado.
Sí se la pasaron de lumo
En las actuaciones del expediente obra una tarjeta de la encargada de la oficina de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que se identifica como SSP/UA/DRMSG/OA7317/2019, en la cual informa que el procedimiento de contratación fue por adjudicación directa y que el proveedor contratado es la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV Sofom, ENR. Esto confirma la versión circulada hace un par de meses sobre la identidad de la ganona del arrendamiento financiero para adquirir las patrullas.
Atando cabos, a partir de la información ya conocida por declaraciones de funcionarios u obtenida en acciones de transparencia y acceso a la información, de las160 patrullas, 50 de ellas se adquirieron mediante compra por un importe de 39 millones 970 mil pesos, a un precio unitario de 688 mil 630 pesos. El proveedor fue Automovilística Andrade, y se seleccionó por licitación simplificada, información que obra en la página de transparencia de seguridad pública. Las restantes, 110, son las adjudicadas directamente a Lumo en un contrato de arrendamiento financiero (que habría requerido autorización del Congreso) a un costo de 144 millones de pesos, de ser cierto que erogaron un total de 208 millones de pesos, lo cual se comprobará cuando entreguen la información hasta ahora semi oculta. El precio unitario por patrulla sería de 1 millón 309 mil pesos, excesivo para los observadores por vehículos Ford F-150 doble cabina de 4X4, cotizados entre 567 mil 600 y 670 mil 600 pesos. Las razones de seguridad en el ocultamiento del expediente estarían a la vista, por la seguridad de los que tramitaron y decidieron la adquisición.
Grieta en la 4T
Sacudió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a los mercados financieros –cayeron la bolsa y el peso– la abrupta renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Los términos de su carta de renuncia, divulgada por twitter, cuestionan la política económica y de finanzas públicas de AMLO, además de quejarse de imposiciones de personal sin conocimiento hacendario y de injerencia de miembros del gabinete, señalando conflictos de interés, aspectos que ameritan precisiones de a quiénes se refiere y en qué casos.
Para el control de daños, AMLO designó inmediatamente al sustituto, ascendió a Arturo Herrera, el subsecretario, un economista de cierto reconocimiento pero poco carácter, AMLO lo ha avergonzado públicamente corrigiendo sus declaraciones. Como otros presidentes de la era absoluta del viejo régimen, Hacienda se maneja ya no en Los Pinos sino en Palacio Nacional. Hace agua la 4T.