la Secretaría de Cultura crea millonaria nómina paralela

El Universal
La puesta en marcha del ambicioso programa de Cultura Comunitaria -que aspira cubrir 720 municipios en los dos primeros años y la totalidad del país durante el sexenio, aunque hasta ahora tiene presencia en 279 municipios- ha derivado en la creación de una nómina paralela en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal.
Se trata de una nómina de, por ahora, 630 personas, pero que para este año se calcula que tendrá una plantilla mínima de 823 y máxima de mil 133. Estas personas fueron contratadas a través de una outsourcing, Lore Soluciones Integrales, en un contrato por 178 millones.
Es una operación con una outsourcing a pesar de los cuestionamientos a este sistema; es una amplia contratación con todo y que en los primeros meses del año hubo más de mil despidos en Cultura.
El programa estrella de la Secretaría de Cultura se ejecuta desde Vinculación Cultural, a cargo de Esther Hernández. Vinculación pasó de tener en 2018 un presupuesto de 66.7 millones a 930.8 millones en 2019. Así se convirtió en la segunda dirección del sector central con más presupuesto, sólo por debajo de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (967.8 millones), y de los órganos administrativos desconcentrados, INAH (3 mil 739 mdp) e INBA (3 mil 84 mdp).
Este presupuesto por 930 millones es el que apareció en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Hernández asegura que la dirección a su cargo tiene un presupuesto de 675 millones; que Vinculación recibe y maneja parte de la partida S268: Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC, con 160 mdp) y Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE, con 115 mdp).
Todo para el programa estrella. Lo que no ha cambiado -más allá de cualquier ajuste presupuestal- es el recurso para Cultura Comunitaria: del total del presupuesto de Vinculación Cultural, 400 millones son destinados solo a este programa de Cultura Comunitaria, que, en el discurso oficial, busca hacer efectivo el derecho a la cultura.
Está conformado por cuatro ejes: Misiones por la Diversidad Cultural, en el que, según cifras oficiales, han participado más de 20 mil personas en 396 actividades en 22 municipios de 20 entidades; Semilleros Creativos, que durante el primer semestre comenzaron a operar 180 en distintos artes y donde participan más de 7 mil 500 niños y jóvenes de 125 municipios de 31 estados; Territorios de Paz, que ha generado acciones en estados como Guerrero, Baja California y Ciudad de México; y Comunidades Creativas y Transformación Social con el que han realizado 46 encuentros en 23 municipios de 17 estados.
La otra nómina
La puesta en marcha de Cultura Comunitaria derivó en una nómina paralela. A través de la outsourcing han sido contratados, tras varias convocatorias, 630 personas que cumplen tareas de facilitadores, capacitadores regionales, operadores regionales y estatales, docentes, talleristas artísticos, co-operadores de proyectos, promotores y enlaces territoriales. Ellos reciben, entre ocho y 22 mil pesos mensuales.
Esa nómina paralela en Vinculación Cultural se contrató en un contexto de recorte, cuando dejaron de trabajar más de mil personas en la Secretaría de Cultura, como parte de la austeridad republicana del sexenio obradorista.
De acuerdo con información de la Secult, publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el primer trimestre de 2019 se dio fin a contratos eventuales y de esquemas de capítulo 1000 y 3000, además, se registraron renuncias voluntarias, con lo cual mil 100 personas dejaron de laborar. Vinculación Cultural no renovó contrato a 60 personas que estaban por honorarios.
A lo largo del año, diferentes figuras de la vida política del país se han manifestado en contra del modelo de contratación vía outsourcing, uno de los más críticos fue el panista Germán Martínez, exdirector del IMSS, quien un mes antes de renunciar, en abril, dijo que mediante el outsourcing las empresas defraudan a los trabajadores, al SAT, al IMSS y al Infonavit; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ha dicho estar a favor de que se revise la regulación del outsourcing y de que se establezcan reglas más claras, aunque está en contra de su desaparición. Otra crítica a este sistema es que representa una triangulación de recursos. Se prevé que en el próximo periodo ordinario se discuta el tema en la Cámara Alta.
Mientras eso ocurre, la Secretaría de Cultura optó por este esquema de subcontratación porque, de acuerdo con Esther Hernández, sólo así se podía ofrecer Seguridad Social a capacitadores y promotores de Cultura Comunitaria: “La opción que nos dieron en Administración (de la Secretaría) fue un Servicio de Administración de Nómina”.
Y justifica: “Cuando estábamos planteando el tema de la contratación de la gente que iba a estar en Cultura Comunitaria, yo insistía mucho en que tuvieran seguro. Si contratábamos por honorarios, y aparte un seguro para todos, iba a salir en una gran cantidad de recursos, equivalente a la del programa. Entonces, la solución que se ofreció fue ésta y se lanzó una licitación, se armó un expediente con los perfiles que habíamos solicitado en las convocatorias, con un mínimo y máximo de las personas que iban a estar por eje, éstos mínimos y máximos en función de los municipios, y con cuánto es lo que se les iba a pagar. Con esto se lanzó una licitación, a la que se postularon ocho empresas”.